El Gobierno español ha introducido cambios en la normativa referente a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para aclarar la posibilidad de prorrogar aquellas concesiones portuarias que se adjudicaron anteriormente a 1992, momento en el que quedó prohibida por primera vez la extensión de estas más allá de los 30 años. La aclaración de la situación jurídica de estas concesiones era una demanda que el sector había elevado a la Administración en el marco de varios cambios legislativos que venían dilatándose en la última legislatura, han informado fuentes jurídicas cercanas al proceso, y se vería finalmente plasmada en la disposición final cuarta de la ley 13/2023 de 24 de mayo, que entró en vigor el pasado 25 de mayo.
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