En el derecho inglés el término “force majeure” no es un concepto jurídico determinado. Es lo que las partes contratantes quieren que sea. Son las partes quienes deciden si contemplan la fuerza mayor como una excepción al cumplimiento del contrato, cuáles son los hechos constitutivos de dicha excepción y qué consecuencias van a tener. Es, por tanto, el propio contrato el que, en una o varias cláusulas, delimita la aplicación de la excepción de “force majeure”.
¿Podemos considerar el COVID-19 como un caso subsumible dentro de una cláusula de “force majeure”? Es pronto para saberlo. Todavía no hay jurisprudencia al respecto. Pero sí la hay sobre incumplimientos relacionados con pandemias, epidemias o cuarentenas, en general. De hecho, muchas de las cláusulas de “force majeure” que hay en circulación contemplan, de forma explícita, estos supuestos.
En Aviation Holdings Ltd v Aero Toy Store LLC (2010), un caso relativo a la venta de un avión Bombardier, un juez inglés eximió de responsabilidad al vendedor que, debido a una escasez de pilotos provocada por una pandemia, no pudo entregar el avión a tiempo. El juez entendió que dicha situación tenía encaje en el cierre de una cláusula de “force majeure”, que se refería a “any other cause beyond the seller’s reasonable control”.
En el transporte marítimo, la cuarentena ha sido un factor determinante para la resolución de decenas de litigios y arbitrajes relativos a fletamentos por viaje (“voyage charterparties”). Cuando la tripulación presenta síntomas de una enfermedad contagiosa, las autoridades no permiten la entrada del buque en muelle. Cuando ello ocurre, el buque no recibe el despacho a libre práctica. En estos casos, suele ser objeto de controversias si el tiempo de plancha empieza o no a transcurrir. Para evitarlas, muchas de las pólizas actuales incorporan la cláusula WIFPON (“Whether In Free Practice Or Not”), que da paso al tiempo de plancha sin necesidad de esperar al fin de la cuarentena.
Las cláusulas de “force majeure” también suelen incluir, entre otros supuestos, el del llamado “Act of God”. Este es un término genérico de derecho común inglés. Designa un hecho de carácter extraordinario, originado por una fuerza natural, cuya producción es imprevisible y cuyos efectos son insuperables. Hace más de un siglo, en Nugent v Smith (1876) se definió “Act of God” como un hecho causado por «elementary forces of nature unconnected with the agency of man or other cause«. Ello explica el hecho de que muchas sentencias restringen el uso del término “Act of God” a fenómenos meteorológicos (tormentas, inundaciones, relámpagos, etc.).
Sin embargo, otras sentencias amplían el ámbito de la aplicación del término “Act of God” a casos relacionados con enfermedades. En Boast v Firth (1868) un juez consideró que la enfermedad permanente de un trabajador era un “Act of God”, y que, por tanto, dicho trabajador estaba exento de cumplir un contrato de prestación de servicios. En Hall v Wright (1859), una parálisis sobrevenida también podía exculpar a un pintor o a un escritor de la responsabilidad que de otro modo hubiera tenido que sumir al no haber completado un cuadro o un libro, respectivamente, en el plazo convenido. Y, en Ryan v Youngs (1938), el patrón de un conductor de un camión que, al sufrir una embolia durante la conducción, sufrió un accidente, fue igualmente absuelto al amparo del tan renombrado “Act of God”.
Para terminar, tenemos que volver al principio. El contrato es el que nos dirá, en cada caso, si el COVID-19 tiene encaje legal en la excepción de “force majeure”. Por lo que, a la vista de los acontecimientos, es recomendable prever, en todos aquellos contratos que vayamos a firmar, la posibilidad de incluir el COVID-19 entre los casos de “force majeure”.
Albert Badia
AACNI (UK) Limited
Solicitor (England & Wales)
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